El tsunami de Benedicto XVI
23 April, 2010 10:50:00redaccion
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MÉXICO, D.F., .- La crisis actual de la Iglesia católica no es una “gripita”, como bien reconoció el obispo de Saltillo, Raúl Vera, ni se resuelve con manuales para detectar pederastas, mucho menos con actos de contrición poco sinceros. La crisis desatada por la ola de escándalos de agresiones sexuales de sacerdotes contra menores es un auténtico tsunami. Y a un tsunami no se le enfrenta pensando que se trata de un coletazo del “libertinaje sexual” que sólo afecta a una minoría de los sacerdotes.
La Iglesia vive una gran crisis de comunicación con sus feligreses, con sus críticos y al interior de sus filas. Es una crisis derivada de un fenómeno muy conocido entre los especialistas de este fenómeno: la disonancia cognitiva. Es decir, la incapacidad de los jerarcas y voceros del Vaticano para reconocer las dimensiones del problema, para tomar medidas reales y no discursivas, y para plantear una auténtica reforma.
La actitud reactiva, a la defensiva, del Vaticano sólo ha logrado agudizar el resquebrajamiento de una estructura de poder creada y mantenida para la obediencia y el encubrimiento, y no para ser fiscalizada y modificada por los propios creyentes.
No son rumores ni “chismorreos”, como dijo Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, lo que se ha ventilado ante la opinión pública. Se trata de una concatenación de hechos que involucran los 24 años (1981-2005) en los que el actual papa Benedicto XVI fungió como principal responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El desplegado publicado el martes 20 de abril por una serie de organismos católicos non gratos –como Católicas por el Derecho a Decidir o la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por parte de Sacerdotes Católicos-- resumen los casos que han configurado el escándalo actual:
--El Vaticano negó el encubrimiento de abuso de 200 niños sordos en Estados Unidos cometido por el sacerdote Lawrence Murphy. El diario The New York Times confirmó que tanto el papa Juan Pablo II como Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, conocieron de estos abusos y prefirieron encubrir a Murphy. El arzobispo neoyorquino Timothy Dolan prefirió atacar al mensajero. Acusó al rotativo de “formar parte de una bien aceitada campaña contra el Papa”.
--En 1990 un tribunal de la Iglesia católica confirmó que el sacerdote Michael Teta, de Arizona, abusó de menores desde 1978. Ratzinger conoció del caso y doce años después, ya como sumo pontífice, autorizó el retiro formal del cura abusador.
--En Brasil, durante los últimos 10 años, cerca de 1,700 sacerdotes han sido acusados por pedofilia. La agencia Nueva Prensa Guayana documentó estos casos, pero los obispos prefirieron tratar de mantener en secreto lo que ya era un escándalo en las comunidades eclesiásticas. A estos casos se suman muchos otros que se han convertido en la agenda de todos los medios:
--En primer lugar, el expediente de Marcial Maciel y de los Legionarios de Cristo. Las denuncias fueron públicas desde 1997. Ratzinger conoció de las investigaciones, pero prefirió posponer cualquier sanción al fundador de la Legión porque “era muy amigo del papa Juan Pablo II y le había hecho mucho bien a la Iglesia”. Trece años después, la Legión no sólo reconoció la “doble vida” de su fundador sino tuvo que admitir que se trata del peor escándalo que ha rodeado a este grupo que representa el emblema de la teología a favor de los ricos y poderosos. Ya ninguno de los empresarios que participaron en la Legión es capaz de encabezar un boicot publicitario a los medios que critiquen a Mon Pere.
--En Irlanda, en Alemania y en España se han documentado casos de abusos y agresiones sexuales de los sacerdotes contra menores. El papa pidió perdón a las víctimas en Irlanda, pero al mismo tiempo se acusó a los medios que han documentado estos casos de “tener la obvia e innoble intención de atacar a cualquier costo a Benedicto XVI y sus más cercanos colaboradores”, tal como afirmó una editorial de L’ Ossservatore Romano, periódico oficial del Vaticano.
La crisis se ha agravado por la incapacidad del Vaticano para articular un mensaje medianamente moderno. Todas las respuestas de la Santa Sede y de la mayoría de los obispos exhiben la homofobia, la sexofobia, la misoginia y hasta un antisemitismo que raya en lo arcaico.
Por ejemplo, pretenden defender el celibato sacerdotal insistiendo que no hay relación entre una prohibición y la pedofilia. Lo peor es que relacionaron el homosexualismo con la pedofilia. Esta vieja tesis que fue desmontada desde principios de siglo XX por sexólogos como Magnus Hirschfield, simplemente es ignorada por el Vaticano: una cosa es la opción sexual y otra muy distinta es la agresión sexual. Para buena parte de la jerarquía un homosexual sigue siendo un agresor de menores en potencia. ¿Cómo se explican que existan pedófilos cuya opción es la heterosexualidad?
En una maniobra discursiva altamente contraproducente, la Conferencia Episcopal Mexicana decidió acusar al sistema educativo de impulsar el “libertinaje sexual” al educar sólo en aspectos genitales y no ofrecer una “educación de valores”.
¿Por qué culpan a un sistema educativo laico de un problema que se presenta al interior de la Iglesia católica? ¿Acaso no existen universidades y centros educativos confesionales –sobre todo, los administrados por la Legión de Cristo-- en donde también se han denunciado casos de agresiones sexuales?
No es la sexualidad, sino la complicidad con los agresores el problema del Vaticano. No es el “libertinaje”, sino la franca hipocresía lo que está hundiendo a la jerarquía. Los enemigos no son los homosexuales ni las mujeres que defienden su derecho a decidir, sino los que eligen a la Iglesia para cometer delitos sexuales. No es una campaña en contra de Benedicto XVI, sino el juicio contra un ciclo conservador que proviene desde la época de Juan Pablo II.
Los medios no tratan de destruir a la Iglesia, sino de configurar lo que hasta ahora niega la mayoría de los cardenales: la milenaria institución sólo podrá sobrevivir si incorpora en su interior el derecho de acceso a la información y a la rendición de cuentas.
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