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en la Iglesia: ¿crimen de lesa humanidad?

Por: Redacción Internacional

Piden que Papa sea juzgado por la Corte Penal Internacional.

Foto: Reuters

La polémica inmunidad del Papa como cabeza de Estado podría ser una arma de doble filo.

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Richard Dawkins y Christopher Hitchens, dos de los más agudos y audaces pensadores del mundo anglosajón, lanzaron este fin de semana una propuesta que podría poner patas arriba los argumentos que hasta ahora habían usado los asesores legales del Vaticano para desestimar que el papa Benedicto XVI pueda ser juzgado en los tribunales por cuenta del escándalo por pederastia que agobia a la Iglesia.

Hace unas semanas, la tesis de traer al Papa a los tribunales nacionales —como ya se había intentado, en un juzgado del Estado de Texas, en 2005—, volvió a cobrar fuerza en Estados Unidos y algunos países europeos. Entonces, Giuseppe dalla Torre, uno de los principales consejeros legales del Vaticano, sostuvo que Joseph Ratzinger gozaba de inmunidad ante los tribunales nacionales, pues “el Papa es cabeza de Estado, que goza del mismo estatus oficial que tienen otras cabezas de Estado”.

Pero hay un lugar adonde sí pueden ser juzgadas las cabezas de Estado, tal como se quiere hacer en la actualidad con el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir. Se trata de la Corte Penal Internacional, en La Haya, donde el Papa, argumentan Dawkins y Hitchens, podría ser juzgado al ser la cabeza de un Estado que encubrió la violación sistemática de niños por parte de miembros de la curia y no tomó medidas preventivas en el asunto.

Geoffrey Robertson, uno de los principales abogados británicos que ha ayudado a conformar la propuesta de los intelectuales, recordaba ayer en el diario británico The Guardian que “el derecho penal internacional actualmente considera que el abuso sexual infantil sistemático o generalizado es un crimen de lesa humanidad”, refiriéndose al literal g del artículo 7 del Tratado de Roma, que constituye la Corte Penal Internacional.

En su columna, Robertson argumenta que “si los actos de abuso sexual cometidos por sacerdotes no son aislados ni esporádicos, sino parte de una práctica generalizada conocida y no castigada por las autoridades de hecho, entonces estos crímenes caerían dentro de la jurisdicción temporal de la CPI —si esta práctica continúo después de julio 2002, cuando se estableció la Corte—”.

En sus ocho años de existencia, la CPI ha fungido como una corte penal africana. Ha abierto casos sobre violación al Estatuto de Roma en cuatro países: Sudán, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda, y ha proferido 13 órdenes de captura. Es una cifra mínima, si se le compara con las casi 3.000 peticiones de apertura de casos en 139 países que la Fiscalía de la Corte ha desestimado, incluyendo sucesos relacionados con la invasión estadounidense a Irak o acciones del ejército israelí en los territorios palestinos.

El Vaticano —que en 2002, al nacer la CPI donó US$3.000 a este organismo para darle un respaldo simbólico y se refirió al escándalo tildándolo de “chismorreo”— no se ha pronunciado frente a las tesis de Dawkins y Hitchens. Sin embargo, la Santa Sede anunció el lunes la publicación en internet de un manual de manejo de casos de pederastia en el que describe cómo debe el sacerdocio responder a las acusaciones de abusos sexuales y pidió a los obispos “denunciar los delitos a la policía... para que la ley civil siga siempre”.

Los ingleses, sin embargo, piensan tomar acciones en casa, antes de pedirle a la Fiscalía de la CPI que investigue el caso. Los dos intelectuales le solicitaron a litigantes ingleses que exploren la posibilidad de abogar por el arresto del Papa en suelo británico durante su visita al país en septiembre próximo. “Estoy convencido de que podemos argumentar que no tiene inmunidad”, dijo Mark Stephens, otro abogado que se ha sumado a la causa. “El Vaticano no es reconocido como un Estado bajo la Ley internacional, pues fue una creación de Mussolini, cuya membrecía ante Naciones Unidas le fue negada por los Estados Unidos”.