Canónigos Lateranenses ante la justicia argentina por presuntos abusos

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Desde 2008, son investigados bajo normas canónicas

Canónigos Lateranenses ante la justicia argentina por presuntos abusos

El arzobispo José Mollaghan suspendió a un sacerdote de la orden en sus funciones

Patricio Downes, 30 de abril de 2010 a las 06:19

El abad Bruno Giuliani investiga qué ocurrió en Rosario.

(Patricio Downes) La segunda autoridad mundial de los Canónigos Regulares Lateranenses, Raúl Lutz, se presentó esta semana ante la justicia argentina en la ciudad de Rosario, por la presunta comisión de abusos de autoridad y sexuales que habrían sido cometidos por un miembro de la congregación. De hecho, tanto Lutz como el arzobispo de Rosario, José Luis Mollaghan, admitieron que se lleva a cabo un procedimiento canónico de investigación sobre la conducta del ex párroco de Pompeya, en Rosario, Reynaldo Narráis.


En este caso no existen denuncias ante la justicia civil, que habrían sido trabadas mediante arreglos extrajudiciales previos, de hasta 200.000 pesos (unos 40 mil euros) en el caso de un joven profesor y militante de la Acción Católica, según informó el diario santafesino La Capital.


Lutz, el segundo en jerarquía de los Canónigos Regulares Lateranenses, estuvo reunido hace unos días en Europa con el abad de la congregación, Bruno Giuliani. Este religioso visitó dos veces la Argentina el año pasado y, luego de uno de esos recorridos, escribió una significativa carta a "G", la inicial de una de las presuntas víctimas.
En ella señalaba que "G" debía tener "serenidad" y lo absolvía de cualquier tipo de pecado en relación a un "grave incidente moral, provocado por uno de nuestros cofrades o hermanos". Admite en esa nota, que publicó Religión Digital en exclusiva, los daños personales y sociales provocados por la conducta del religioso de su congregación, al que no nombra. Sin embargo lo induce al silencio ante la justicia de los hombres a la que considera limitada y muchas veces "falsa".


El parecer todo cambió ahora y fue su mismo cogobernante de los Canónigos, Raúl Lutz, quien acudió a la justicia. Tal vez animados por la posibilidad de una vía muerta a causa de la falta de denuncias por parte del o los damnificados.
El diario La Capital de Rosario informó que autoridades de la congregación que tiene a su cargo la parroquia Nuestra Señora de Pompeya se presentaron por primera vez ante la jueza provincial que lleva adelante la investigación de los supuestos casos de acoso sexual y abuso de autoridad de parte de un cura de esa iglesia de la zona oeste.


La noticia se conoció a través de una nota publicada por La capital en febrero último, donde se reflejaron los abusos cometidos por el párroco contra al menos ocho personas, entre ellas un docente del colegio de la parroquia de Mendoza al 5100 y una menor de edad con discapacidad mental.


El acusado es el cura Reynaldo Narvais, de 46 años. El religioso afronta una investigación conforme al derecho canónico y fue apartado del cargo. Por estos días reside en la Casa del Clero, un edificio de retiro en Buenos Aires.


El arzobispado de Rosario, José Luis Mollaghan, emitió un comunicado donde pidió que los hechos "se clarifiquen", pero desde Roma los lateranenses (congregación a la que pertenece el párroco denunciado) enviaron una nota a una de las víctimas en la que hacían un llamado a "rescatar a los pecadores" y renegaban de la Justicia civil.
Sin embargo, esa posición tuvo un giro inesperado. El martes último, se presentaron ante la jueza provincial de Instrucción Nº 6, Raquel Cosgaya (lleva adelante el expediente judicial), Raúl Alejandro Lutz y Florencio Félix Cruz.


El primero es el actual administrador parroquial y quien reemplazó a Narvais, pero además es la segunda autoridad a nivel mundial de la congregación Lateranense. El segundo fue el primer enviado desde Italia para tomar contacto con el caso.
Los religiosos se pusieron a disposición de la magistrada, quien podría solicitar que se remita a su juzgado la investigación administrativa que realizó la congregación.
Sin embargo, hasta el momento no se asentaron denuncias formales de víctimas en los Tribunales, elemento que resulta indispensable para habilitar la instancia penal.

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