PERÚ | Amazonía podría desaparecer en 2041

La selva peruana, militarizada por las protestas indígenas

Marcha en Bagua. | Aidesep

· Piden la derogatoria de 7 decretos promulgados en el marco del TLC con EEUU

· También quieren un informe independiente sobre lo ocurrido en Bagua

Beatriz Jiménez | Lima

Actualizado lunes 22/02/2010 09:19 horas

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Los pueblos indígenas de la amazonía peruana han reiniciado las movilizaciones en contra de la explotación desenfrenada de la selva. Más de ocho meses después de los sucesos de Bagua, en donde un enfrentamiento entre la policía y los indígenas que bloqueaban una carretera se saldó con 23 policías y 10 indígenas muertos, los pueblos que conforman la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) y las rondas campesinas se manifiestan este lunes en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Piura y Lima.

Como respuesta a estas protestas, el Gobierno ha autorizado al Ejército a intervenir en la selva a través de una resolución suprema. La militarización ha suscitado el rechazo de las organizaciones indígenas. “La protesta es pacífica y no radical, como la está bautizando el gobierno”, asegura Saúl Puerta Peña, representante nacional de Aidesep después de que el “apu” (jefe y líder espiritual) Alberto Pizango solicitara asilo político en Nicaragua.

Aidesep, organización que representa a 1.350 comunidades indígenas, pide la derogatoria de siete decretos promulgados en el marco del TLC con EEUU - bautizados como la ley de la selva- al considerar que vulneran los derechos ancestrales de las comunidades indígenas sobre los territorios que ocupan.

Si bien esta federación indígena saluda gestos del Gobierno como el de suspender recientemente una concesión minera en las montañas sagradas del pueblo Awajún (más conocido como Jíbaro), considera necesario protestar ante el incumplimiento sistemático del Convenio 169 de la OIT por parte del Gobierno.

Las organizaciones indígenas piden también una comisión investigadora independiente que emita un informe sobre lo ocurrido en Bagua, ya que rechazan la versión gubernamental que responsabiliza del estallido de la violencia en junio pasado a los indígenas, a medios de comunicación locales y a misioneros de la iglesia católica. “Pedimos que se establezcan responsabilidades políticas y penales en las altas esferas de este gobierno”, consideró el representante indígena Saúl Puerta.

Según explica a El Mundo.es, más de 80 indígenas están procesados por la violencia en Bagua, por lo que exigen el cese de la persecución. También que el Estado atienda a los más de 50 indígenas heridos de bala y bombas lacrimógenas fruto de los enfrentamientos. “Los pueblos indígenas estamos unidos ante cualquier violación de derechos humanos por parte del Gobierno para decirle basta ya de abusos”.

Los pueblos indígenas denuncian el incremento exponencial de las concesiones mineras y de hidrocarburos en la amazonía peruana. Según datos oficiales obtenidos por los autores del libro “Amazonía peruana en 2021”, recientemente publicado, desde el año 2003 a la fecha el número de hectáreas en la selva concesionadas para la búsqueda de petróleo ha pasado de un 15 a un 72% del total del territorio. Además, la minería abarca más de 10 millones de hectáreas amazónicas.

Por si fuera poco, en el marco del tratado energético firmado con el vecino Brasil, se prevé la construcción de 52 proyectos hidroeléctricos en la cuenca amazónica, proyecto al que se juntan otros como la construcción de más de 4.000 kilómetros de hidrovías, miles de ferrocarril y hasta tres carreteras que unen a Perú con Brasil.

Si se realizan todas estas obras públicas y sigue la política agresiva extractiva en la amazonía, los autores de este libro sostienen que en 2041 un 90% de la amazonía peruana resultaría dañada y casi un 50% sería deforestada.

“Existen intereses creados y conjugados de consultoras internacionales, empresas de construcción civil, bancos multinacionales y bilaterales y políticos locales en la realización de estas obras sin la adecuada planificación de su impacto ambiental y social”, sostiene Marc Dourojeanni, uno de los investigadores de este libro, quien señala al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Brasileño (BNDES) como uno de los promotores.