Ratifican pruebas contra cura por paramilitarismo

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Elpais.com.co - Colprensa

La Fiscalía dijo este lunes tener pruebas contundentes en el caso de un sacerdote al que señala de tener nexos con paramilitares y de ser copartícipe en delitos como homicidio, en el más reciente revés para la Iglesia Católica colombiana, que ya ha sido tocada por las denuncias mundiales por pederastia.

Martha Penagos, jefa de fiscales de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, explicó que sus subalternos tenían "muchísimas, muchísimas" pruebas contra el sacerdote Óscar Alberto Ortiz, quien fue capturado el sábado en una localidad cercana a Medellín.

Hay "muchísimos elementos, investigaciones, testimonios...interceptaciones(telefónicas), seguimientos...Es una investigación de más de un año", agregó Penagos en diálogo telefónico.

La Fiscalía asegura que el sacerdote Ortiz creó en San Antonio de Prado --un poblado aledaño a Medellín -- un grupo paramilitar, que en la última década habría perpetrado homicidios y extorsiones y también habría propiciado el desplazamiento forzado de personas.

Tras su captura, el sacerdote fue llevado a un juzgado en Medellín, que le concedió al religioso la prisión domiciliaria. La Fiscalía dijo en la audiencia que Ortiz había señalado en San Antonio de Prado a varias personas de ser guerrilleras y que estas aparecieron más tarde asesinadas.

El arzobispo de Medellín, monseñor Alberto Giraldo, salió en defensa del sacerdote Ortiz y dijo a la radio Caracol que creía que era inocente.

Por su parte, monseñor Héctor Fabio Henao, director de pastoral en la Conferencia Episcopal Colombiana, aseguró que la posición oficial de la Iglesia es de independencia frente a los actores armados ilegales.

"De ninguna manera existe una posición que pueda favorecer el que alguna persona de la iglesia se vincule a un grupo u otro...la posición realmente es de autonomía frente a esos sectores y tener ante ellos una constante actitud de llamado a la conversión, a integrarse a la vida civil", dijo Henao en entrevista telefónica.

No es la primera vez que sacerdotes colombianos tienen que acudir a los estrados judiciales por sus presuntos nexos con grupos armados ilegales.

En el 2003, la Fiscalía vinculó formalmente a un proceso penal al obispo emérito de la Diócesis de Líbano-Honda, en el departamento de Tolima, monseñor José Luis Serna, por sus supuestos lazos con la guerrilla del ELN. Meses después, la misma Fiscalía archivó la causa contra Serna con el argumento de que no tenía pruebas suficientes para continuar con la indagación.

Otro prelado católico, monseñor Luis Madrid Merlano, fue investigado porque un general del Ejército denunció que el religioso tenía vínculos con la guerrilla, cuando se desempeñó como obispo de la Diócesis de Tibú (1988-1995), departamento de Norte de Santander.

La investigación penal contra Madrid, actual arzobispo de la Arquidiócesis de Pamplona, Norte de Santander, también fue archivada por falta de material probatorio.

Más recientemente la Fiscalía inició una investigación al sacerdote jesuita Gabriel Giraldo por calumnia, injuria y falsa denuncia. Los hechos tienen que ver con las acusaciones que el religioso hizo en contra de un coronel del Ejército en el sentido de que habría participado en la masacre de ocho personas, en febrero de 2005, en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia.

El proceso contra Giraldo aún está activo, explicó Jorge Molano, uno de los abogados del proceso por la masacre de Apartadó.