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12 de abril de 2010 - 18:30

Una tasa para aquel que quiera suicidarse

El Pentobarbital es el medicamento al que recurren las organizaciones de ayuda al suicidio en Suiza. (Keystone)

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El parlamento de Zúrich aprobó una moción que busca introducir una tasa para aquellos extranjeros que quieran recibir asistencia al suicidio en ese cantón de Suiza.

Una propuesta que en opinión de algunos es contraria al derecho federal.

A primera vista, la propuesta formulada por un diputado del partido Unión Democrática de Centro (UDC, el más popular de Suiza), tiene el propósito de desanimar al “turismo de la muerte”.

Este es un fenómeno que en los últimos años ha provocado que cierto número de enfermos terminales del extranjero (especialmente de Alemania y Gran Bretaña) se desplacen a Suiza para pagar un monto para recibir la asistencia para acabar con sus vidas.

En este país alpino, con base a los datos oficiales, los suicidios asistidos a extranjeros han crecido de 91 (de un total de 272) en 2003, a 132 (de 400) en 2007.

La moción del UDC de Zúrich parece tener otro propósito: aquel de confirmar la voluntad de una parte del espectro político de terminar con esta asistencia al suicidio.

Un deseo que en enero provocó el respaldo del parlamento cantonal a una iniciativa de la Unión Democrática Federal (UDF; una pequeña formación de derecha) que busca vetar esta modo de respaldar el suicidio a personas que tienen menos de un año de vivir en el cantón. Y ahora con la propuesta para imponer una tasa a los extranjeros que buscan el suicidio asistido en territorio zuriqués atiza aún más los intentos para cerrar el camino a esta posibilidad de eutanasia.

Propuesta inaceptable

“Es una medida inadecuada e inaceptable”, dice a swisssinfo.ch Alberto Bondolfi, profesor de ‘ética de la Facultad autónoma de teología protestante de la Universidad de Ginebra, “porque todas las investigaciones que se hacen sobre otros comportamientos, de los cuales se pudiera incluso sospechar de un eventual carácter delictivo, no son facturadas a otros extranjeros”. En su opinión se trata de un modo totalmente inadecuado, tanto en el plano jurídico, como en el ético.

Lo mismo opina Bernhard Sutter, de Zúrich, miembro del consejo directivo de ‘Exit’, una de las organizaciones de ayuda al suicidio que operan en Suiza.

“En el cantón de Zúrich todos los casos de suicidio son indagados por las autoridades. Y los costos relativos están a cargo del Estado, porque las indagaciones se realizan pro el interés de la colectividad. De acuerdo a la moción, los costos deberán ser cubiertos por los herederos de los extranjeros que no se suicidan solos, pero reciben ayuda para hacerlo”.

En otras palabras, “si un suicida que viene del extranjero se quita la vida solo, sus herederos no deben pagar nada. Lo que resultaría muy raro. Además, no queda clara la razón de porqué deberían pagar esta tasa sólo las personas venidas del extranjero. Aquellos que viven dentro de Suiza no deben pagar imposición alguna. Esto viola el principio de igualdad jurídica, valida en el cantón de Zúrich”, agrega Sutter.

Y concluye: “Además, es difícil cobrarles a los herederos en el extranjero, quienes podrían recurrir a los tribunales, con buenas probabilidades de que se les diera la razón, por violar este principio de igualdad”.

Ley contraria al derecho federal

Estos argumentos en buena medida han sido ya mencionados en el parlamento de Zúrich por los socialistas, los ecologistas y los verdes-liberales, que se oponen a la moción. De modo inútil porque la mayoría la aprobó por 93 votos a favor contra 51, y también contra el rechazo del gobierno cantonal. El Estado no puede –sostuvo el Ejecutivo cantonal- descargarse sobre terceras personas por costos que son producto de una investigación en caso de suicidio si no hay hechos penalmente relevantes.

El abogado Ludwig Minelli, fundador de ‘Dignitas’, la otra asociación de asistencia al suicidio, encargada, por cierto, de prestar asistencia a los extranjeros, destaca que el propio gobierno zuriqués advirtió al parlamento cantonal que la moción de la UDC no coincide con el derecho federal.

De este modo, tras la decisión del parlamento, “el gobierno deberá entonces elaborar una propuesta de ley contraria al derecho federal”, dice Minelli, y si no encuentra una buena salida, esto será abordado por el Tribunal Federal, advierte.

Por su parte, el autor de la moción, Bruno Walliser, observa: “El gobierno cantonal ya ha dado prueba de su creatividad, cuando debió introducir nuevos impuestos”.

Toca ahora al Ejecutivo zuriqués preparar y presentar al Legislativo una propuesta de ley que corresponda al contenido de la moción.

Silvano De Pietro, swissinfo.ch
(Traducción: Patricia Islas Züttel)