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Expertos indican que el Código Penal hará responsable a la Iglesia de la pederastia
El catedrático de Derecho Procesal Ernesto Pedraz advierte que los cambios legales en marcha comprometerán a la instituciones religiosas en su calidad de entidades jurídicas
REDACCIÓN / MÁLAGA | ACTUALIZADO 14.04.2010 - 01:00
Margarita Robles, segunda a la derecha, junto a los expertos que participaron ayer en la mesa redonda.
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El proyecto de reforma del Código Penal introduce un nuevo artículo (31 bis) que contempla la responsabilidad penal de las entidades jurídicas entre otros casos cuando las personas sometidas a su autoridad realicen hechos delictivos "por no haberse ejercicio sobre ellos el debido control". El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid Ernesto Pedraz Penalva indicó ayer que este nuevo articulado da una "perspectiva del futuro" que puede tener que afrontar la Iglesia católica ante los casos de pederastia y que en general se puede extender a otros "injustos de las religiones.
Pedraz participó ayer en la mesa redonda Relaciones Iglesia-Estado, dentro de las jornadas jurídicas que organiza la Asociación Profesional de la Magistratura y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga bajo el título Por el Diálogo. En opinión de este catedrático se podría pedir responsabilidad jurídica en los casos en que se han producido traslados de religiosos por sospechas de pederastia no sólo a los superiores jerárquicos "sino incluso a la propia institución", e incluso pudiera dar lugar a la adopción de medidas cautelares.
El catedrático esbozó cinco puntos de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede que han dado lugar a "divergencias de la doctrina", entre los que figuran junto a la responsabilidad penal de las confesiones religiosas, las colisiones entre la regulación civil y la canónica, la enseñanza de la religión en un país que se debate entre la aconfesionalidad o la laicidad, la financiación de la Iglesia y la titularidad de los centros dependientes de las instituciones religiosas.
En el encuentro también participó el profesor de Derecho del Trabajo de la UMA y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno, que aludió a las exenciones de determinados impuestos (IBI o ICIO, entre otros) y las subvenciones sin convocatoria pública que disfruta la Iglesia y que el derecho a una formación religiosa de los menores "no significa" que esa circunstancia deba "definir el currículo" escolar. La mesa redonda, moderada por Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial y afiliada a Jueces para la Democracia, contó con la abogada Gabriela Domingo que desechó que la tensión dialéctica actual esté en la aconfesionalidad o no en una sociedad que camina hacia la "laicidad positiva".
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