Siete médicos cubanos demandan a Cuba y Venezuela por "esclavitud moderna"

Según lo establece la demanda, algunos de esos profesionales fueron asesinados, heridos y varias doctoras abusadas sexualmente.

POR EFE - 22/02/2010 - 12:35

Siete médicos y un enfermero cubanos demandaron a Cuba, Venezuela y a la empresa estatal de este último país PDVSA por presunta conspiración para obligarles a trabajar en condiciones de "esclavos modernos", como pago por la deuda cubana con el Estado venezolano por suministro de petróleo.

Los demandados, "intencional y arbitrariamente", colocaron a los profesionales de la salud en "condición de servidumbre por deuda" y éstos se convirtieron en "esclavos económicos" y promotores políticos, según el documento de la demanda presentada en EE.UU., al que Efe tuvo acceso.

La demanda fue interpuesta el pasado viernes ante un tribunal federal de Miami (EEUU) por los médicos Julio César Lubian, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, John Doe y Julio César Dieguez, y el enfermero Osmani Rebeaux.

Con la acción legal, que fue asignada a la juez Patricia A. Seitz, los demandantes buscan una indemnización que sobrepasa los 50 millones de dólares, dijo Pablo de Cuba, uno de los abogados defensores.

"Queremos sentar el precedente de la responsabilidad patrimonial de los estados sobre sus ciudadanos. Esto es una conspiración predeterminada y dolosa de estos gobiernos y de la empresa para someter a trabajo forzoso y servidumbre por deuda a estos médicos", informó a Efe el letrado.

En la demanda, el abogado Leonardo Arístides Cantón, que lidera la defensa, argumentó que los demandantes viajaron a Venezuela bajo "engaño" y "amenazas" y fueron forzados a trabajar sin límite de horas en la misión "Barrio Adentro", en lugares con una alta tasa de delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la "beligerante" frontera con Colombia.

"Barrio Adentro" es un programa del gobierno de Venezuela que utiliza médicos cubanos y venezolanos para ofrecer servicios de salud en las zonas pobres del país.

La presencia de los profesionales de salud en la nación sudamericana es posible mediante el convenio integral de cooperación firmado entre Cuba y Venezuela en el 2000 y modificado y ampliado en el 2004.

El acuerdo establece que La Habana enviará a Venezuela profesionales del sector de salud a cambio de 100.000 barriles diarios de petróleo suministrados a través de PDVSA.

Algunos de esos profesionales fueron asesinados, heridos y varias doctoras violadas, de acuerdo con la demanda.

Cantón dijo que ambas naciones han colocado a personas inocentes y libres bajo condiciones de trabajo forzado, cautiverio y servidumbre por deuda, una "versión moderna de la esclavitud".

Los dos países, según el abogado, se han unido en una conspiración sin precedentes en la historia contemporánea, con la única excepción de la esclavitud de la Alemania nazi, en el uso de trabajo forzado.

Subrayó también que "el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial".

El gobierno venezolano persigue, intima, captura y hace regresar a Cuba a médicos y otros profesionales de la salud que se niegan a realizar trabajos forzados o que intenten obtener su libertad para salir del país sudamericano, según el documento judicial.

Los demandantes afirmaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al régimen venezolano, mientras trabajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina en la nación andina violando las leyes de ese país.

Los médicos y el enfermero fueron sometidos por funcionarios de seguridad de Cuba y Venezuela a una estricta vigilancia y control de sus movimientos, de sus relaciones, además de ser intimidados y coaccionados, de acuerdo con la demanda.

Los demandantes lograron escapar y llegar a Estados Unidos, país que les otorgó visas.

Esta sería la segunda demanda por presunta "esclavitud moderna" que se interpone en un tribunal de Miami.

En octubre de 2008, un juez dictaminó que el astillero Curacao Drydock Company debía indemnizar con 80 millones de dólares a tres cubanos que alegaron que fueron enviados por Cuba a trabajar en la reparación de barcos y plataformas marinas de Curazao bajo condiciones "inhumanas y degradantes" para pagar deudas.

Los abogados dijeron en esa ocasión que el fallo representaba la "primera vez que un tribunal de EE.UU. responsabilizó a una compañía que negocia con Cuba por trabajos forzados y abusos a los derechos humanos incurridos en forma concertada con el régimen cubano".